Autoridad ambiental brinda acompañamiento a unidades mineras de los municipios de Carmen de Atrato, Nóvita, Rio Iró y Rio Quito, para garantizar que la actividad minera se realice de manera responsable con el medio ambiente.
Durante el fin de semana, la Corporación visitó los municipios de Carmen de Atrato, Nóvita, Río Iró y Río Quito, con el fin de socializar con los Consejos Comunitarios y representantes de la actividad minera, la importancia de avanzar en la formalización minera y los beneficios que ésta genera para el gremio y el medio ambiente.
Las jornadas se realizaron en marco del convenio entre CODECHOCÓ y el Ministerio de Minas y Energías, el cual tiene como objetivo, entregar a los pequeños mineros que trabajan bajo el amparo de un título minero o se encuentran en proceso de formalización minera, los instrumentos ambientales que permiten fortalecer las competencias básicas en estándares técnicos, legales, laborales y de seguridad minera.
En el municipio de Río Quito y Nóvita, participaron Consejos Comunitarios de la zona, quienes argumentaron la necesidad de establecer una ruta que permita a los pequeños mineros fortalecer su actividad productiva acorde a la normatividad ambiental.
Por otro lado, en el municipio de Rio Iró, el taller se enfocó en socializar las competencias de los entes territoriales, la Fuerza Pública y la Comunidad en General frente a la actividad minera.
En el Carmen de Atrato, a través del proyecto, se avanza en la construcción de la asociación de Areneros artesanales del Carmen de Atrato, la cual permitirá que la actividad minera se realice de manera organizada.
Por su parte, Arnold Alexander Rincón López, Director General de Codechocó, reiteró que los talleres se realizarán de manera continua en los municipios, con el fin de hacer una fuerte intervención en materia de regularización y formalización minera en la jurisdicción, y así contribuir en la reducción del uso del mercurio y avanzar en la implementación de una estrategia de gestión minero ambiental que permita a las unidades productivas que desarrollen su actividad en el marco de la legalidad, cumpliendo con los parámetros técnicos mineros, ambientales, sociales y empresariales que exige la normativa vigente.
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